La regularización de los inmigrantes es un proceso que ya se está tomando en cuenta en Europa, tal es el caso de Portugal e Italia. Sin embargo, en España aún no se aplican medidas con respecto a este tema.
Hoy tuve que salir a la calle y dejar el encierro forzoso por motivos laborales. Cuando subí al autobús era la única persona, iba sola. La calle estaba desolada, parecía una ciudad fantasma, el vacío lo inundaba todo, apenas había gente con quien me cruzaba en silencio, la mayoría extranjeros. En todo el trayecto solo vi dos que parecieran españoles nativos, ambos tenían perro.
Los que parecían extranjeros eran trabajadores, vestían un mono de trabajo, conduciendo furgonetas, montaban bicicletas de riders o motocicletas de mensajero. En el trayecto subieron al autobús cuatro mujeres, probablemente iban a trabajos relacionados con la atención y los cuidados, con el servicio doméstico.
Me pregunté: ¿Cuántos de ellos trabajarían sin papeles?. Aunque no hay estadísticas fiables sobre la población inmigrante sin regularización, en enero de 2019 el número de extranjeros en España apenas era del 10,7 %, pero ¿Cuántos estaban en situación administrativa irregular?.
Siempre he creído que es necesario la regularización de las personas con estancia irregular y ahora, en el contexto provocado por el Covid-19, más que nunca.
Sin duda, en primer lugar, por algo elemental, básico: todos somos personas, ellos y nosotros, y todos tenemos derecho a vivir con dignidad, estemos en el lugar que estemos. No podemos olvidar que la mayoría de los que llegan, y pasado el tiempo siguen sin papeles, no vinieron por gusto, emprendieron su odisea para mejorar sus condiciones de vida, además de poder ayudar a los que, con dolor, dejaron atrás.
Toda persona tiene derechos inherentes y debe mantenerlos, esté donde esté. Las personas migrantes no son mano de obra desechable. Son personas, como tú y como yo, a quienes se debe garantizar todos sus derechos, los civiles y económicos, pero también los sociales, políticos y culturales.
Y ello no solo por solidaridad o por fraternidad (bellas palabras en desuso), sino también por nuestro propio interés. Sí, aunque sea por egoísmo, porque los necesitamos hoy y (dada nuestra demografía) aún más mañana. Hoy ya son imprescindibles en los trabajos domésticos y de cuidados, así como en el sector agrícola y ganadero, son necesarios en la construcción, la hostelería, el transporte, el aprovisionamiento de mercancías.
¿Quién no conoce hoy a un médico latinoamericano, ya sea en su centro de salud o en el hospital? ¿Saben los madrileños que muchos de los ferrallistas especializados que trabajaron en la ampliación de la M30 eran subsaharianos? Alguno se quedó, incluso hoy tiene pasaporte español, otros volvieron a su país de origen, otros siguieron emigrando en busca de trabajo.
La regularización beneficia al extranjero, sin duda, pero no solo a él, sino a toda la sociedad. Si una persona irregular ve legalizada su situación ya puede convivir más tranquilo con su familia y su entorno, y puede buscar trabajo legalmente sin miedo, lo que reduce su posible explotación y permite defender mejor sus derechos laborales, a la vez que ayuda a no deteriorar los de otros trabajadores. Además, podrá colaborar al mantenimiento y la necesaria mejora de nuestro debilitado estado de bienestar: con el importe de sus cotizaciones y retenciones contribuye al sistema de prestaciones, de infraestructuras y de servicios públicos.
Pero es que en esta situación de nueva crisis pandémica no se puede, ni se debe, expulsar a los inmigrantes sin papeles. No estamos ante una aparente impredecibilidad (como la del principio de incertidumbre de Heisenberg). Al contrario, se ha evidenciado que este coronavirus es extremada y fácilmente contagioso, y ante esta certeza, tenemos que actuar en consecuencia: no podemos poner en riesgo más vidas, ni las nuestras, ni las de los inmigrantes, en situación irregular o no, ni la de las personas del lugar adonde los expulsáramos, sea cual sea. El interés en evitar un rebrote debe ser común porque el riesgo es global.
En el actual estado de alarma NO se puede expulsar. Cuando finalice, NO se debe expulsar. ¿Se intentará? Sería un grave error.
La Administración conoce bien estas realidades, la del nuevo coronavirus y la de los inmigrantes irregulares. Y a ambas ha de mirar de frente. La primera la está afrontando resueltamente, con todos los medios de que dispone. A la segunda, quizá sea más fácil si no es ponerle punto final, al menos darle una solución pronta, porque acabar con la invisibilidad de los migrantes irregulares pasa porque el Gobierno actúe con valentía y, sin temor al qué dirán (oposición) ni a perder votos (¿de insensibles, de ignorantes? De inhumanos), dé un paso adelante y mediante decreto, también en este asunto, dé una solución al problema: la regularización a los inmigrantes sin papeles.
Nunca se debe temer tomar una decisión cuando es humanitaria y justa, menos cuando todos estamos navegando en medio de una tormenta, pero no todos vamos en el mismo barco, y unos tienen más posibilidades de naufragar que otros. Salvo que les ayudemos, su naufragio es seguro. Evitémoslo y todos saldremos ganando.
Al menos sigamos el ejemplo de Portugal e Italia.
«En estos momentos resulta más importante garantizar los derechos de los más débiles, como es el caso de los inmigrantes. Asegurar el acceso de los ciudadanos migrantes a la salud, a la Seguridad Social, a la estabilidad en el empleo y la vivienda es un deber de una sociedad solidaria en tiempos de crisis»
(28/03/2020, Eduardo A. do Nascimento Cabrita, ministro de Administración Interna, Portugal)
«Hay que legalizar a unos 600 mil inmigrantes indocumentados, a quienes se necesitan para reactivar la economía. No más habitaciones informales, no más trabajadores en negro»
(14/04/2020, Teresa Bellanova, ministra de Agricultura, Italia).
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