En el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta controversial ley recibe el nombre de Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, aunque es más conocida como Ley de Libertad Sexual y, sobre todo, como ley de «solo sí es sí».
La actual coalición de izquierda que gobierna España ha logrado que, tras más de un año de trámites, fuera aprobada en agosto por el Congreso de los Diputados con 205 votos a favor y 141 en contra, entrando en vigor el pasado 7 de octubre de 2022.
«Solo sí es sí» hace referencia al consentimiento antes de cualquier interacción sexual.
«Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona», indica textualmente la ley.
Por lo tanto, las conductas sexuales sin consentimiento se considerarán agresiones y se castigarán con diferentes penas según las circunstancias y los agravantes del caso.
Es decir, que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse ya que, en todo caso, su pasividad podría estar condicionada por una intimidación o por la ingesta de alcohol u otras sustancias.
Así, toda interacción sexual sin el consentimiento de la otra persona será una agresión y se castigará con una pena de prisión de 1 a 4 años.
Polémica de la nueva ley
Esta refundición de las conductas ha generado que algunos condenados por delitos contra la libertad sexual hayan conseguido rebajar automáticamente sus penas al aplicarse la nueva ley.
Esto se debe a que el rango de penas es ahora más amplio, y con mínimos más bajos en algunos casos, lo que ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.
Otros delitos sexuales
El acoso callejero pasará a ser penado como delito leve y la justicia podrá perseguirlo a petición de la persona que lo sufra. Este tipo de actitudes se castigarán con entre 5 y 30 días de localización permanente, trabajos comunitarios durante el mismo periodo o multa.
También se perseguirá la violencia sexual digital, que se refiere a la extorsión sexual a través de las redes o la pornografía no consentida.
El apartado referente a la prohibición de la publicidad pornográfica consiste en vetar los anuncios que muestren una imagen vejatoria o discriminatoria de las mujeres utilizando su cuerpo o partes del mismo, o asociada a comportamientos estereotipados que se consideren ofensivos.
Nuestro abogado penalista Alfredo Arrien Paredes ha ofrecido declaraciones en el programa de televisión Cuatro al Día con respecto a este tema:
