El pasado 15 de diciembre de 2022 el Congreso de los Diputados de España aprobó, con 184 votos a favor frente a 64 en contra y una abstención, la iniciativa que deroga el delito de sedición, reforma el de malversación e introduce nuevos delitos. La proposición de ley, impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, será remitida ahora al Senado para que continúe con su tramitación parlamentaria exprés.
Reforma constitucional
Uno de los cambios más controversiales ha sido la reforma de ley del poder judicial. La propuesta de reforma constitucional rebaja la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar magistrados a este órgano que implica un acuerdo de tres quintos de los vocales del CGPJ, por un sistema de votación individual en el que resulten elegidos los candidatos con más apoyos.
Además, se suprime la potestad del Poder Judicial de verificar previamente la idoneidad de los magistrados que nombra el Gobierno.
Este tema ha llevado a la oposición a hablar de una posible “moción de censura” contra Pedro Sánchez por el supuesto “golpe constitucional”.
Delito de sedición
Por otro lado, la reforma del Código Penal acordada por el Gobierno y ERC, deroga el delito de sedición del Código Penal y propone sustituirlo por otro, llamado de ‘desórdenes públicos agravados’. Esta nueva figura contempla penas para las autoridades de tres a cinco años de prisión, frente a los 10 y 15 años que recoge actualmente el Código Penal para dicha infracción.
Delito de malversación
En cuanto a la reforma del delito de malversación, el PSOE y ERC llegaron a un acuerdo para rebajar a cuatro años la pena máxima por malversación sin ánimo de lucro. Esta reforma podría beneficiar a los políticos independentistas investigados, procesados o condenados por esta infracción a causa del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
Así mismo, se introduce una modalidad específica en el Código Penal si se oculta un cadáver. La propuesta detalla que al ocultar de “modo reiterado” el paradero del cadáver de una persona, aun teniendo conocimiento de ello, a los familiares o a los allegados será castigado con una pena de entre seis meses y dos años de cárcel.
Nuevo delito de enriquecimiento ilícito
La propuesta introduce, por primera vez, en nuestro ordenamiento jurídico el delito de enriquecimiento ilícito para luchar contra la corrupción. De esta forma, el PSOE y Unidas Podemos pretenden castigar con entre seis meses y tres años de prisión a los cargos públicos que, hasta cinco años después de abandonar su puesto, incremente su patrimonio en más de 250.000 euros sin poderlo justificar. También se contempla una inhabilitación de dos a siete años.
