Este mes de abril de 2023 fue aprobada finalmente, tras dos años de negociaciones, la nueva Ley de Vivienda. El Gobierno lo ha conseguido hacer justo antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Lo han logrado con el acuerdo alcanzado con ERC y Bildu.
La nueva ley contempla cuatro cambios fundamentales:
Límite de la actualización del precio del alquiler con el IPC
Se limita la actualización del precio del alquiler al 3 % a partir del 1 de enero de 2024, aumentando así un punto porcentual del actual límite.
Sin embargo, a partir de 2025 será ilegal vincular la renta del alquiler al IPC, produciendo una desvinculación del índice del precio del alquiler total.
La actualización del precio quedará vinculada en el futuro a un nuevo índice de referencia que elaborará el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero aún no existe dicho índice.
Modificación y ampliación de las zonas tensionadas
Las llamadas zonas tensionadas son aquellas en las que la suma del alquiler promedio más los gastos y los suministros básicos sea superior al 30 % de la renta media de la zona. Además, que el precio del alquiler aumente un 3 % por encima del IPC en los últimos 5 años previos a la declaración de zona tensionada.
Nueva definición de grandes tenedores
En esta nueva ley se redefinen los conceptos de grandes tenedores:
Gran tenedor. Persona física o jurídica que sea propietaria de más de 5 viviendas.
Pequeño propietario. Persona física o jurídica que sea propietaria de menos de 5 viviendas.
El propietario queda a cargo de los gastos y honorarios del alquiler
El último de los cambios más significativos está enfocado en la protección del inquilino, y obliga al propietario a pagar todos los gastos derivados del arrendamiento. Estos gastos incluyen desde la comisión de la inmobiliaria del alquiler hasta el abono del seguro de impago del alquiler, entre otros.
Otros cambios adicionales
- No podrá aumentarse el importe del alquiler con la suma de gastos adicionales, como los gastos de comunidad, por ejemplo.
- Se prohíben los acuerdos entre las partes que incumplan lo estipulado en la Ley de Vivienda.
- Nuevas medidas de protección para desahucios, acabando con los desahucios sin fecha establecida e incluyendo nuevas prórrogas.
- Beneficios fiscales en el IRPF para los propietarios de alquileres.
